porque mantiene... su autonomíaEl líder sindical repasa los recientes conflictos sociales y enumera las causas que a su juicio los desencadenan, al tiempo que analiza el futuro de la Central de Trabajadores que, a pesar de tener coincidencias con el gobierno, aún pugna por su reconocimiento.
por Gabriel Michi
El titular de la Central de Trabajadores Argentinos asegura que la negativa a otorgar la personería de la entidad está relacionada con la independencia que mantienen del poder político. Habla del conflicto de Kraft, la embestida empresaria, la representatividad gremial, el kirchnerismo y el futuro político.
–¿Qué piensa del conflicto de Kraft?
–Es un caso testigo de una política que tienen los sectores empresarios de las mayorías de las multinacionales de origen estadounidense. Nosotros tuvimos una prueba de ello cuando dejaron cesante al compañero que se había elegido como representante de la CTA en la Ford y no hubo forma de reincorporarlo, pese a todas las acciones que se realizaron. La respuesta de la empresa era la misma que en el caso Kraft: "es una política del grupo en todo el mundo". Y esto tiene como expresión de ese desprecio por los trabajadores, un agregado que es el desprecio por las leyes de la República Argentina. Porque lo que está haciendo la empresa Kraft es violatorio de las leyes que protegen la estabilidad laboral de los delegados gremiales. Es un hecho gravísimo que la empresa lo resuelve con el recurso de atenerse al pago de multas, lo que para ellos significa cifras irrisorias y creo que se tendría que tomar este caso como ejemplarizador para el resto de los grupos empresarios y obligar a que respeten las leyes y tengan que reincorporar a los despedidos.
–¿Qué tendría que hacer el Gobierno?
–El Gobierno tiene elementos de coacción que son instrumentos institucionales. Puede llegar hasta el caso extremo de obligar a la empresa a la reincorporación del personal como ha pasado en otras partes del mundo.
–¿Eso puede hacerlo el Ejecutivo o tiene que mediar una orden judicial?
–Puede accionar directamente o indirectamente a través de la Justicia. El Gobierno también podría ser un querellante en este caso.
–¿Siente que ha hecho lo suficiente hasta ahora?
–Desde el punto de vista formal, el Gobierno ha cumplido con lo que las normas indican. Pero tendría que haber habido otra carga de decisión política y, sobre todo, más energía para demostrarle a la empresa Kraft que Argentina no es una república bananera donde las leyes que se imponen son las que determina su jefe de personal.
–Acá se metió otro tema: el enfrentamiento entre las bases, representada por los delegados, con la titularidad del Sindicato de la Alimentación en cabeza de Rodolfo Daer. Es como que hay dos modelos o dos visiones políticas ¿Cómo se explica?
–Creo que el sector empresario, con la explícita adhesión de las Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), ha pretendido convertir este caso en una suerte de testigo para presionar sobre el Gobierno ante la supuesta existencia de demandas que desbordan a las conducciones y que requieren, por lo tanto, de la intervención del Estado que asegure a través de la "mano dura" el disciplinamiento social y el condicionamiento de demandas de mejoras salariales de los trabajadores. En realidad lo que hacen es zambullirse a cabecear en el área lo que ellos piensan que es la pelota que tienen que meter en el arco: garantizar las condiciones para que haya ajuste en la Argentina.
–¿Y a qué responde esto?
–A una ecuación muy simple: la crisis no posibilita ya el nivel de crecimiento con alta tasa de rentabilidad que existía hace cinco años. Y ellos saben que, o los trabajadores tenemos una mayor participación en el reparto de la renta y recuperamos posiciones, que puede ser una de las salidas de la crisis, o los empresarios logran hacer retroceder a los trabajadores en esa participación en la renta y le transfieren a sus empleados el costo de la crisis para asegurarse la rentabilidad. Entre estas dos opciones, los sectores empresarios dicen "como nos están desbordando las demandas de los grupos ideologizados, que el Estado garantice a través de su intervención el disciplinamiento social. Y se suma, de manera oportunista e irresponsable, la política de esta empresa Kraft, que lo que hace es pretender convertir en norma general un caso que es atípico. Porque el conflicto de Kraft no se repite en la pequeña y en la mediana empresa, porque no hay política igual de agresiva en otros sectores empresarios.
–Pero más allá del aprovechamiento que pueda hacer la empresa, los trabajadores de Kraft han manifestado que la titularidad del sindicato le soltó la mano en este conflicto…
–Se ha mostrado, por lo menos, distante. Y esto tiene que ver con una disputa que existe hace muchos años en esta empresa y en otras: representantes elegidos por las bases que no responden a la conducción. En el caso de Terrabusi es histórico esto. En realidad explicar el conflicto desde ahí sería ingenuo porque si fuese así tendría que haber habido durante diez años estos conflictos. Evidentemente hubo una decisión del sector empresario, que es la eliminación del tercer turno, lo que requiere despedir personal y prender una mecha para que haya conflicto.
–Con todo esto vuelve a escena el tema de la discusión de la representación sindical y aquel fallo de la Corte a favor de la libertad de elección ¿Cree que es el momento de discutir a fondo este tema y que hay margen político para hacerlo?
–Creo que sí. El tema se va a imponer por la fuerza de los hechos. Porque se está viendo, sobre todo en la cosa cotidiana, en el cuerpo a cuerpo que se da en las empresas, la aparición de nuevas capas de trabajadores que pertenecen a generaciones más jóvenes -quizás en su primera incursión en el mundo laboral- y que van aprendiendo una experiencia de participación que antes estaba prácticamente vedada porque se había desarrollado una actitud defensiva ante la falta de trabajo y había una gran cantidad de desocupados. Hace cuatro o cinco años que se ha incorporado la práctica de la paritaria, que la puja salarial forma parte de la experiencia cotidiana de vida de los trabajadores. Esto va fogueando nuevas generaciones que no entienden los viejos códigos del sindicalismo disciplinado desde las sedes centrales de los sindicatos. Esto va abriendo espacios y además coincide, por otro lado, con la disputa política que queremos llevar adelante quienes planteamos que no es posible hablar de redistribución de riqueza con un movimiento social maniatado.
–El Gobierno tiene su alianza estratégica con la CGT y a su vez trata de darle cierto juego a la CTA, sin embargo, no le reconoce la Personería Gremial ¿Cómo se explica esto?
–El Gobierno está en un momento pendular que, por un lado, lo lleva a reconocer de hecho a la CTA como la expresión de un sector de los trabajadores, pero, por otro, lo lleva a dilatar permanentemente lo que sería el reconocimiento institucional. De tal forma que se produce una suerte de contradicción permanente. De hecho, no se puede negar la existencia de la CTA, pero desde el punto de vista del Derecho todavía nos movemos en una franja de ilegalidad que hace que muchos trabajadores que se quieren organizar desde las bases, estén permanentemente al borde del despido, expuestos a las represalias patronales. Y esto se expresa en la existencia de sindicatos, por ejemplo, como UALA, que son los pilotos de Austral o los motoqueros, o los empleados de Correo, o los trabajadores de subterráneos. Son una cantidad de gremios que permanece en una situación de ilegalidad permanente y que siempre está pendiendo de un hilo.
–¿Cuál considera que es la razón política por la que el Gobierno no les otorga la Personería?
–Para mí hay tres factores: desde el punto de vista de las razones políticas, creo que el Gobierno se siente más cómodo con actores sindicales y sociales que establezcan lazos de subordinación. La CTA siempre incomoda porque mantiene su autonomía. La CTA incomoda porque, si bien en grandes definiciones hemos bancado muchas iniciativas del Gobierno porque las consideramos correctas (como por ejemplo la recuperación de Aerolíneas, la recuperación del sistema jubilatorio, las leyes de educación y la Ley de Medios), en la lucha por la redistribución de la riqueza hemos seguido denunciando los agujeros negros y las falencias y nos movemos con autonomía. Creo que es una de las razones que no admite el Gobierno.
–¿Y las otras?
–Hay otras razones que son más fáciles de demostrar: la presión de los grupos empresarios, poderosos lobbies que hacen una ecuación que consiste en plantear que mayor libertad sindical implica mayor cantidad de demandas y, por lo tanto, menos margen de rentabilidad. Y, por otro lado, la presión evidente de sectores de la CGT que pretenden mantener un status quo que le permite darle continuidad a una hegemonía en el mundo sindical que por abajo está cada vez más cuestionada.
–¿En este punto, el Gobierno es "Moyano-dependiente"?
–El Gobierno tiene lógicamente una relación con Hugo Moyano ya que es parte del Partido Justicialista (es vicepresidente) y la CGT es parte del entramado del poder. Pero creo que hay un error en esa óptica del Gobierno porque el movimiento sindical no tiene porque subordinar su existencia. La Personería gremial no depende de la cercanía con el Gobierno. No puede depender de eso. La libertad y la democracia sindical se tienen que garantizar independientemente de que la Central tenga autonomía o la resigne. Hay países donde las centrales sindicales apoyan abiertamente los procesos en marcha, como el caso de la COB en Bolivia con Evo Morales. Ahí puede ser una decisión legítima en tanto y en cuanto la convaliden los trabajadores en el debate y en la práctica democrática. Nosotros sostenemos la necesidad de mantener la autonomía en la Central. El precio de esto no puede ser la negación a reconocer la personería gremial.
–¿Cómo ve el futuro político del Gobierno? Después del resultado electoral del 28 de junio se habló mucho del fin del kirchnerismo ¿Qué cree que puede pasar?
–Tras esa elección el Gobierno quedó debilitado, pero demostró que tiene capacidad de recuperar la iniciativa. Con las leyes que se enviaron después al Congreso, con algunas acciones simbólicas como la convocatoria a sectores del progresismo para sostener una batalla que estuvo postergada por muchos años como la Ley de Medios. Entiendo que los sectores de la oposición carecen de la iniciativa y del proyecto que pueda unificar y, entonces, en una suerte de fragmentación y de anomia de la oposición que prácticamente la deja sin agenda, sin iniciativa y con una práctica reactiva a las iniciativas que toma el Gobierno. Todo eso genera un escenario con un final abierto todavía, impredecible. El 29 de junio se podía pensar que se iniciaba la cuenta regresiva del kirchnerismo. Hoy eso está en discusión.
–Más allá de que la CTA no se plantea un posicionamiento político ¿hoy está más cerca del pensamiento del Gobierno o de alguien como Pino Solanas?
–La CTA viene sosteniendo la necesidad de avanzar en un proceso de transformaciones que permita avanzar en un nuevo proceso definitivo que ponga como eje la lucha contra la desigualdad y la construcción de políticas públicas para que los trabajadores recuperen en el reparto de las rentas, las posiciones que han venido perdiendo y que, en estos últimos años de crecimiento económico, no se pudieron recuperar. Esto nos pone en un terreno donde las carencias y la ausencia de iniciativas del kirchnerismo nos pone en el camino de construir las correlaciones de fuerzas que nos permitan avanzar en esa disputa, independientemente de la suerte que le toque correr al Gobierno. Creemos que en ese plano, la política kirchnerista muestra límites y agotamientos que para nosotros no plantean la posibilidad de una perspectiva en la que la continuidad de este proceso va a desembocar en una distribución más justa de la riqueza. Creemos que hace falta profundizar un cambio y en ese sentido mayoritariamente el pensamiento de la CTA trata de abrir paso a una nueva síntesis política donde creemos que tienen que participar muchos sectores del kirchnerismo, pero donde creemos que tiene que incorporar protagonismo social y figuras nuevas de la política que sean capaces de poner en debate en la sociedad una agenda que profundice la distribución.
–¿Esas personas pueden ser Pino Solas, Martín Sabbatella?
–Pino Solanas, Martín Sabbatella, compañeros que también son referencia dentro del movimiento kirchnerista, compañeros de los partidos de izquierda. Creo que hay que buscar una nueva síntesis política en Argentina que sea capaz de vincular la lucha por la democratización de la sociedad con la lucha por la distribución de la riqueza.
–¿La CTA está de acuerdo con la Ley de Medios?
–Si, en realidad creemos que el proyecto que envió el Ejecutivo es el que recoge la lucha de los 21 Puntos de la Coalición Democrática, de la que formamos parte desde su constitución. Fue una larga lucha que de alguna manera nutrió de contenido al proyecto del Ejecutivo y que, incluso, fue mejorada con el aporte de los 16 diputados de lo que denominaríamos el progresismo y la centroizquierda. Y que además plantea como perspectiva a futuro una suerte de bisagra y que abre la puerta a la izquierda y no a la derecha, como pasó siempre con las terceras fuerzas en la Argentina.
–¿Esto le da marco a un nuevo escenario político?
–En principio le da marco a la perspectiva de un nuevo escenario político. Embrionariamente puede señalar el camino de una centroizquierda que, vinculada al movimiento social, sea capaz de modificar el rumbo político en Argentina y de construir alianzas con otras mayorías populares.
–¿Hasta cuándo tiene mandato al frente de la CTA?
–Hasta noviembre de 2010.
–¿Hay posibilidad de reelección?
–En la CTA se discute todo en congresos, así que en esos debates saldrá la posibilidad o no. Mi interés pasa en seguir al frente de la CTA y en la lucha social.
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